Con el objetivo de formalizar dos millones de hectáreas rurales en cinco años en el país, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural puso la primera piedra en una jornada en la que asistieron el director general del IGAC, junto con otras entidades del gobierno.

Este encuentro tiene como objetivo la construcción de un proyecto de Ley para la Formalización de la Propiedad Rural, programa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que espera llevar al Congreso de la República en julio próximo.

La gran meta del ministro Rubén Darío Lizarralde, es formalizar dos millones de hectáreas rurales en los próximos cinco años. En la apertura del encuentro estuvo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a la cabeza de su director general Juan Antonio Nieto Escalante.

“Según el último conteo del IGAC, tenemos cerca de 4 millones de predios rurales y de acuerdo con sus mismas cifras, cerca del 50 por ciento de la tenencia es informal. Quienes los explotan no tienen títulos legalmente válidos. Como ocurre con casi todas las situaciones informales, las cifras sobre la tenencia precaria son imprecisas, pero siendo conservadores en el cálculo de la informalidad debemos formalizar por lo menos dos millones de precios rurales”, explicó Lizarralde. “En la mayoría de casos, se trata de predios de propiedad privada cuyo saneamiento requiere acudir a procedimientos judiciales o, en el mejor de los casos, a los notarios”.

Por su parte, Nieto Escalante comentó que las entidades territoriales son claves en este proceso y que la entidad adelanta un Estatuto Catastral. “Ojalá el país fuera consciente de la manera como el gobierno y las entidades que nos involucramos en esto venimos trabajando. Yo, que tengo experiencia en el sector público, pocas veces he visto esa coordinación entre la Superintendencia, en este caso Incoder, y Formalización. Ciertamente debemos generar una metodología de intervención unificada con comisiones de terreno, entre otras acciones”.

Juan Carlos Betancourt, magistrado auxiliar del Consejo Superior de la Judicatura, comentó que ante una eventual jurisdicción agraria se debe pensar en recursos para la Rama Judicial, que está ajetreada por tener tres millones de procesos, y de un presupuesto solicitado en el 2013 de cinco billones de pesos recibió la mitad.