En 2012, todas las 27 unidades de la Federación en Brasil tenían órgano destinado a la política de asistencia social, pero ocho estados no ofrecían ningún tipo de servicio en esta área: TO, RN, AL, MG, ES, SP, PR y MT. Todos los estados declararon realizar el monitoreo de las gestiones municipales de asistencia social y 10 estados cofinanciaban los servicios socioasistenciales con los municipios. En Acre se observó la inexistencia de Plan Estatal de Asistencia Social; 11 estados y el Distrito Federal lo mantenían en funcionamiento y 15 unidades de la Federación lo estaban elaborando.
Estos son algunos resultados del primer levantamiento de la Encuesta de Informaciones Básicas Estatales (Estadic) 2012, divulgado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), un estudio inédito que trae informaciones sobre las gestiones estatales a partir de la recolección de datos sobre varios temas, como recursos humanos, consejos y fondos estatales, política de género, derechos humanos, seguridad alimentaria y nutricional e inclusión productiva. Todo con base en los registros e informaciones suministrados por los gestores estatales de todos los estados de la Federación y del Distrito Federal.
En esta edición, la encuesta agrega el Suplemento de Asistencia Social, con informaciones sobre la estructura administrativa, legal y de ejecución de la asistencia social prevista en el Sistema Único de Asistencia Social (SUAS), realizado en convenio con el Ministerio del Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS).
La Estadic 2012 observó asimismo, que en todas las unidades de la Federación había Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), pero solo cuatro presentaron un Plan Estatal destinado a esta cuestión.
Entre todas las unidades de la Federación, solamente São Paulo no tenía un órgano o sector específico que tratara de políticas de género. En realidad, solo 10 estados declararon la existencia un Plan Estatal de Políticas para Mujeres. En todas las unidades de la Federación se constató la presencia de comisarías de policía especializadas en la atención a la mujer, sin embargo, los centros de referencia de atención exclusiva para mujeres fueron encontrados en solo 13 estados.
Con relación a la política de derechos humanos, solo Amapá declaró no tener órgano específico del área y seis estados (Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Ceará y Espírito Santo) carecían de canales de denuncia de violación de derechos humanos en la estructura del gobierno.
En cuanto a las políticas de inclusión productiva (políticas que se destinan a la adquisición de habilidades y conocimientos necesarios para la inserción en el mundo del trabajo), en 2012, 26 estados revelaron desarrollar acciones, programas o proyectos en el área, de los cuales 19 gobiernos invertían en acciones de educación para jóvenes y adultos. La educación técnica y tecnológica en red de escuelas estatales se ofrecía en 13 estados; y 18 de los gobiernos realizaban acciones de inclusión digital.
La mayor parte de los recursos humanos de la administración directa era compuesta de funcionarios estatutarios, 2,2 millones de funcionarios o el 82,7% del total. De todo el personal ocupado en la administración directa, el 53,5% tenían educación superior o posgrado (1,4 millón de funcionarios). Otros 31,9% cursaron el nivel medio (834,4 mil) y el 9,1% (238,6 mil) la educación básica.
Se puede acceder a la publicación completa de la Encuesta de Informaciones Básicas Estatales (Estadic) en 2012.
